Proposición de Ley de Residencias de Mayores. Una propuesta inviable.
El Grupo Parlamentario Unidos Podemos ha registrado una Proposición de Ley de Centros Residenciales para personas mayores en la Comunidad de Madrid, que ha sido admitida a trámite con los votos de su formación y PSOE, abstención de Ciudadanos y voto en contra de PP.
La Proposición de Ley, además de recoger gran parte de las muy buenas prácticas que ya se vienen desarrollando en la generalidad de los Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid -sector que a pesar de lo que dicen muchos, tiene un funcionamiento más que correcto- entra en la regulación extremadamente detallada de aspectos funcionales y materiales de los Centros.
No obstante, la lectura de la Proposición permite detectar los fines fundamentales sobre los que pivota la misma, que son en nuestra opinión los siguientes:
1º) Con el fin de elevar "el nivel de calidad" en la atención, además de aspectos funcionales, se hace una determinación exhaustiva y detallada de unos ratios de personal por categoría y turno de trabajo. El texto propuesto concreta los profesionales y demás trabajadores por cada turno de trabajo (de los tres que implica al menos la atención de 24 horas), sobre 100 trabajadores. En mi opinión, sencillamente se plantea un escenario de inviabilidad del sistema de servicios sociales si nos atenemos a los ratios planteados en el artículo 66 de la Proposición. Dice el artículo 66 de la propuesta que "La proporción o "ratio" de personal mínima de atención diaria, será la definida a continuación por cada 100 residentes en relación a los turnos establecidos por el artículo 43.1, según por grados de dependencia y por áreas..."; pues bien, una simple cuenta de los trabajadores que ordena el artículo para grados de dependencia 0 y 1 (es decir, los menos dependientes), da un número de 70 empleados diarios por 100 residentes; y si todos los residentes fueran de grado 2 y 3, serían 108 empleados por cada 100 residentes. Esto, seamos sinceros, es completamente irracional, y económicamente inviable. La aprobación de una normativa como esta supondría un encarecimiento brutal de los costes (ya muy altos) de un centro de mayores, y por extensión, de los precios de estos. Y posiblemente abocaría al cierre a muchos otros, y a un necesario incremento de las partidas públicas para la dependencia, suponemos que necesariamente vía aumento de los impuestos.
2º) Se regula extensamente un régimen de participación de los residentes en la vida y gestión de los centros, mediante la Asamblea de Mayores y Consejo de Residentes. No es una gran novedad, pues ya se regula en otras autonomías (por ejemplo, Asturias de modo muy detallado), si bien es de destacar que siendo muy importante la participación de usuarios y familiares en la vida del centro, deben quedar mucho más claras las atribuciones de dicho Consejo, y garantizando la libre dirección de lo Centros por parte de sus gestores; y en particular aquellos que rigen sus centros conforme a un ideario concreto.
3º) Pretende definir un modelo distinto de atención, esbozando tímidamente el regulado en Castilla y León (modelo "En Mi Casa") pero sin atreverse a apostar por él claramente, y combinándolo al tiempo con unos altísimos ratios de personal y obligaciones materiales y funcionales, que nada tienen que ver con la vida de nadie en su casa. Si algo no debe hacer una norma, y menos una tan exhaustiva, es dejar el modelo general sin definir.
Una cosa que me ha llamado la atención es el diseño de un régimen sancionador para los usuarios de los centros, cuya tramitación y resolución, con independencia del tipo de centro (público, privado o concertado), se reserva a la Consejería de Servicios Sociales, conforme a la ley de procedimiento administrativo. en mi opinión esto casa mal para los centros privados, a los que se hurta su autonomía organizativa en un punto relevante como el de la gestión de la convivencia del centro.
En definitiva, considero que la norma propuesta solo puede tratarse de un "brindis al sol", que de modo imprudente se presenta y de modo igualmente imprudente se acepta por el resto de fuerzas que lo han apoyado o permitido, con fines posiblemente electorales y sin pensar en absoluto en los actores fundamentales del sector, y en las consecuencias reales para los centros y residencias de la Comunidad.
Además, deja entrever que el sector tiene un funcionamiento inadecuado, algo de lo que discrepo radicalmente.
Dejo el enlace al texto, por si puede ser de interés:
Permaneceremos atentos a la tramitación del texto, aunque se da por seguro que no podrá ser aprobado en esta legislatura.
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