Indemnizaciones suplementarias por despido y decisión del CEDS
El CEDS tiene como función principal determinar si la legislación nacional y las prácticas en los Estados parte son o no son conformes con la Carta Social Europea. Y parece que ha concluido que el sistema vigente en España no cumple con los requerimientos de la citada carta.
Solo un par de dias después nos remite un cliente petición de conciliación de una trabajadora, despedida poco mas de 100 días después de su contratación por motivos concretos de bajo rendimiento y desinterés en el trabajo, además de una baja de corta duración (20 días).
Es posible que la causa no sea suficiente ante un Juzgado de lo Social para un despido procedente, que conlleva una especial gravedad; pero el coste del despido improcedente (algo más de 600 euros) por la corta duración del contrato lleva a la empresa a evitar quedarse con una mala empleada y procede a la extinción contractual.
La trabajadora, al tiempo de la consabida causa de nulidad -que no se sostiene- pide un complemento de indemnización en caso de improcedencia, de algo más de 30.000 euros "por la zozobra, pérdida de empleo y dificultad para el acceso al empleo indefinido a tiempo completo con un salario digno...".
He aquí el nuevo escenario que abre el CEDS, y que es el que auspicia la Vicepresidenta Diaz, introduciendo elementos puramente subjetivos en reclamaciones que hasta la fecha eran completamente objetivas. Obviamente de aquí solo puede resultar:
(1) incremento de la conflictividad laboral
(2) pérdida de productividad
(3) aumento de inseguridad jurídica y
(4) nueva barrera para el acceso al empleo, especialmente a quien presente una situación de mayor vulnerabilidad (por el presumible incremento de indemnización).
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