Adhesión a la Declaración Institucional del ICAM sobre el pacto PSOE-JUNTS para la investidura del Presidente del Gobierno

La situación política en España se encuentra en una importante encrucijada, fruto de los pactos alcanzados por el ya Presidente del Gobierno para su investidura. En los documentos firmados para este fin se han puesto de manifiesto algunos puntos que constituyen un riesgo objetivo para el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, recogidos en el artículo 1 de la Constitución de 1978. 

Diversas instituciones públicas, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, todas las asociaciones judiciales y diversos Colegios Profesionales, han emitido notas de alerta y preocupación sobre estos aspectos, entre ellos, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Desde FML Abogados, siendo un pequeño actor en el inmenso panorama jurídico español, consideramos necesario dejar constancia de nuestra preocupación por lo que constituye una agresión sin precedentes a nuestro sistema constitucional. En este sentido, nos adherimos a la declaración institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenecemos, en relación con el documento suscrito por el PSOE y JUNTS, desde la absoluta neutralidad institucional y pleno respeto a la pluralidad política, y en consecuencia, MANIFESTAMOS:

1º.- La conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional. 

2º.- La separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional. 

3º.- El uso del término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos) referido a los Juzgados y Tribunales no tiene cabida en un Estado Democrático. En consecuencia, es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional. 

4º.- La sumisión de los jueces a la ley y la independencia judicial constituyen un presupuesto del Estado de Derecho, que debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad. 

5º.- La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil.